- El comisionado Javier Martínez indicó que los gobiernos municipales no han entendido las nuevas normas de transparencia
Toluca / Estado de México
Ocultar información pública al ciudadano es una falta grave, de repercusiones penales, incluyendo la cárcel, advirtió Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem).
Sin embargo, lamentó que ningún gobierno ha entendido la reforma que se hizo el pasado 27 de mayo de 2015, modificando 12 por ciento de los artículos de la Constitución para abatir la corrupción.
Tras señalar que es necesario las distintas administraciones se transparente, el comisionado sentenció que la transparencia es la primera puerta al Sistema Anticorrupción.
A través de este sistema, agregó, si se oculta información considerada pública puede derivar en una falta grave que incluso se puede castigar con cárcel, por ello el Infoem ha impulsado un proceso de sensibilización con los municipios, pues muchos no han captado la responsabilidad de la nueva ley.
«No hemos entendido que el sistema nacional de transparencia es la parte nodal del Sistema Nacional Anticorrupción, por eso los tratamos de concientizar y tipificar la corrupción, porque hay responsabilidades administrativas leves, pero son graves cuando se oculta información», precisó.
Sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual se echó a andar en este mes, indicó que abre la posibilidad a los mexicanos de contar con información de todos los estados del país.
Pero además destacó que la nueva ley estatal tiene mayores alcances que la propia ley general, por lo que ahora el Infoem tiene la facultad de sancionar, con multas de 150 y hasta mil 500 veces la unidad de medida o salarios mínimos, a los funcionarios que no acaten los mandatos legales.
También con la nueva norma aumentaron las obligaciones de transparencia comunes de las instituciones públicas mexiquenses; pasaron de 23 a 52 y las deben de dar a conocer en sus páginas de transparencia.
Todos los sujetos obligados tienen seis meses para cumplir con lo que la ley establece, entre ellos los partidos políticos y sindicatos, plazo que vence a finales de este año.
Finalmente, sobre la protección de los datos personales, señaló que se debe encontrar el equilibrio y la armonía con los derechos humanos de acceso a la información pública.
