El próximo 5 de noviembre se cumple un año de la aprobación en el Senado de la República de la “Ley Olimpia” por parte del Congreso federal. En este aniversario los 32 estados de la república mexicana, han legislado sobre este tema que ha marcado la vida de diferentes sectores sociales, en especial de mujeres que han sido sometidas por la evidencia de publicaciones sobre la intimidad de su persona, al no autorizar la publicación de acciones digitales, que en algún momento confiaron en la persona o pareja con la que entablaron una relación de afecto o sentimental.
Las Fiscalías que procuran justicia, no han estado a la altura de estas circunstancias, se han vuelto victimizadores secundarios –el factor humano al procurar justicia- de estos hechos, al no proporcionar las herramientas necesarias para juzgar a las personas que sobrepasan la libertad de expresión en redes sociales con opiniones, videos, o fotografías, que rebasan la intimidad de las personas, y no se castigan dichos actos que involucran como víctimas a cualquier género, violentando derechos fundamentales como el “honor y la intimidad” o bienes jurídicos como la “dignidad y el honor de las personas”.
En el Estado de México hay buenas intenciones al momento de legislar, investigar, procurar y administrar justicia, pero hay muchas dudas en las cadenas de investigación desde el trabajo de las policías municipales y estatal. La falta de preparación, exhibe los contextos de investigación y la vicitmización secundaria por parte del estado al enfrentar trabajos legislados, pero no ser capaces de castigar a los actores de este tipo de delitos, que pueden terminar con una vida o una carrera por el acoso, la violencia psicológica y virtual, que tiene como resultado una bonita ley sin resultados o penas punitivas por parte del estado, pero la falta de aplicación y seguimiento por parte de las autoridades tendrá como consecuencia la impunidad por parte del sistema de justicia; además, de generar una violencia de género más severa o la muerte de la víctima por la incapacidad de las instituciones.
De los 125 municipios, las policías no todas están capacitadas para afrontar estos tipos de acciones delictivas, se va avanzando con leyes cuasiefectivas, pero sin aplicación en el sistema de justicia. Las Fiscalías y sus operadores de justicia no tienen las herramientas, ni la capacitación humana para afrontar estos tipos delictivos, parte fundamental para la integración de carpetas de investigación que no cumplen con los requisitos legales, hechos por lo que un Juez o Magistrado desechará en su etapa procesal, lo que ventilará la debilidad del sistema de administración de justicia y judicial; lo que tendrá como resultado la impunidad.
Los legisladores deben poner atención no sólo al aprobar leyes, sino al darle seguimiento en el momento de aplicarlas y hacer efectivas en el sistema de justicia, sino termina como una ley populista o llamado en los ámbitos académicos y jurídicos como “populismo punitivo”.
