Toluca / Estado de México
Para reconstruir el tejido social, el combate a la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en el sector público, es fundamental y una de las tareas prioritaria para la LX Legislatura mexiquense, así lo expresó el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Al inaugurar el foro ‘La transparencia y el combate a la corrupción: hacia el empoderamiento ciudadano’ destacó que está tarea se debe basar en un marco jurídico moderno, que incluya las demandas y propuestas de la sociedad.
El evento organizado por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, apuntó que la corrupción es una de las principales causas de descomposición social y degradación moral, de tal manera que lo que toque hacer a los diputados para su combate y erradicación “lo haremos con plena conciencia”.
Después de señalar que la LX Legislatura se integra con representantes de distintas fuerzas y experiencias de lucha social y política, afirmó que la generación del entramado jurídico por el que transitan las actividades de la sociedad, salvaguardando el derecho a la vida digna y construyendo las mejores condiciones de convivencia, pasa por un diagnóstico preciso del tiempo actual, que es “un momento estelar en la historia del país, de transición en la que participamos todos”.
Con la presencia de la presidenta y la secretaria de la comisión, Brenda Escamilla Sámano (PAN) y Karina Labastida Sotelo (morena), respectivamente, y tras reconocer a los participantes en el foro, entre ellos al contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, y al fiscal Anticorrupción de la entidad, José de la Luz Viñas Correa, apuntó que con las demandas de la ciudadanía presentadas en el encuentro se abrirá un espacio para la retroalimentación y recepción de propuestas que permitirán a los congresistas dar un gran paso en el cumplimiento de su compromiso con la sociedad.
Por su parte, la diputada Brenda Escamilla dijo que el objetivo del foro es conocer propuestas y experiencias ciudadanas en esta materia que les permitan a los órganos del Estado diseñar políticas públicas que promuevan el comportamiento ético y fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas, convirtiéndolas en herramientas de empoderamiento ciudadano.
Señaló que compete a la Legislatura abrir el debate ciudadano y conocer las acciones y mecanismos surgidos desde la sociedad civil con la intención de fortalecer las políticas públicas en esta materia, a fin de que sean las bases de una política de Estado con fines de transformación gubernamental y social en favor del bien común.
Precisó que las propuestas surgidas desde la sociedad han fortalecido la nueva concepción del combate a la corrupción, por lo que consideró que el acompañamiento de los ciudadanos ha sido crucial en este proceso.
En la ponencia magistral ‘El combate a la corrupción desde la mirada ciudadana’, José Juan Sánchez González, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que México es uno de los países más corruptos de acuerdo con el índice de Transparencia Internacional, y destacó a la entidad y a la capital del país como las dos entidades más corruptos del país.
Destacó la importancia de apoyar a las organizaciones civiles para que mediante estas los ciudadanos puedan exigir rendición de cuentas a sus autoridades municipales.
En el primer panel denominado ‘La transparencia y la rendición de cuentas: casos exitosos en México y en el mundo, aportaciones de la sociedad civil’, que coordinó la diputada Liliana Gollas Trejo, Daniel Rosemberg Cervantes, de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) indicó que los gobernantes están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía, que la transparencia busca impedir que los intereses privados se apoderen de lo público y que esta puede promover el reequilibrio del poder a fin de empoderar a los ciudadanos.
Propuso, además, una herramienta para la ejecución de la transparencia en los gobiernos municipales, que propone evaluar aspectos como los gastos de comunicación social, la deuda municipal, las obras públicas realizadas, el estado de las licitaciones públicas, la participación ciudadana, la publicación de actas del cabildo y la existencia del cabildo abierto.
Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas (RRC), puntualizó que esta práctica es el mejor antídoto para la corrupción, por lo que destacó la importancia de prestar atención en cómo los municipios distribuyen los puestos públicos, a qué destinan los recursos públicos, en su toma de decisiones y en sus sistemas de justicia, además de señalar que debe promoverse la profesionalización de los servidores públicos.
Al dar las conclusiones del primer panel, el Fiscal José de la Luz Viñas coincidió en la existencia de problemas como la aplicación de las leyes y la entrega de licitaciones en los ayuntamientos, y destacó la necesidad de fortalecer el combate a la corrupción en el ámbito municipal.
Correspondió al diputado Marlon Martínez Martínez (PRI), integrante de la Comisión Legislativa, sintetizar las conclusiones del segundo panel, ‘El combate a la corrupción en el Estado de México, casos documentados o en investigación’, entre las que citó la propuesta de fortalecer los sistemas municipales y el estatal, garantizando su independencia y profesionalizando a sus miembros para que cuenten con las condiciones necesarias para su funcionamiento.
En este panel, moderado por la legisladora Montserrat Ruiz Páez, el investigador de la UAEM y consejero del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca, Hiram Raúl Piña Libien, afirmó que la corrupción como cultura va de la mano del abuso del poder. Tras informar que a la fecha sólo 40 municipios tienen sus sistemas anticorrupción, dijo que es necesario fortalecerlos para que cumplan sus fines.
Juan Carlos Villarreal, catedrático de la UAEM, adelantó la posibilidad de que el sistema fracase porque el modelo presenta debilidades en el diseño. Propuso reformas legislativas para restar en el sistema el predominio del Poder Ejecutivo y para facultar al Comité de Participación Ciudadana a emitir resoluciones vinculantes, y que el Poder Legislativo asuma el liderazgo en esta lucha.
Ricardo Alvarado Andalón, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, señaló como un elemento facilitador de las conductas corruptas los vacíos legales que permiten el uso discrecional de los recursos. Contra esto planteó legislar con precisión sobre qué hacer y cómo manejar los recursos excedentes del gobierno.
Óscar Diego Bautista, docente de la UAEM, expuso que sin el componente ético toda lucha contra la corrupción será inútil. Propuso que el modelo incluya un consejo ético, una oficina de ética, una Ley de Ética Pública, un catálogo de sanciones y la depuración de los elementos negativos.
Mayte García Miravete, de Coparmex Metropolitano, llamó a evaluar a fondo la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, ya que presenta omisiones y lagunas que impiden un funcionamiento más firme, mientras que Palmira Tapia Palacios, presidenta del CPC del Sistema Estatal, apuntó que el modelo es perfectible pero advirtió que la nueva narrativa contra la corrupción podría fallar porque la fuerza punitiva que se propone no será suficiente para su erradicación.
Leonor Quiroz, también del CPC del Sistema Estatal, expuso como propuestas de reforma legal ampliar la presencia de ciudadanos en el Comité, que sus recomendaciones sean vinculantes y directas, que la Secretaría Ejecutiva del Sistema ayude al Comité con insumos y apoyo técnico, que los contratos por honorarios de sus miembros sean blindados, exentar a municipios que no cuentan con la capacidad de instalación y se les preste apoyo y que la sede no sea Toluca, sino cualquier municipio según se requiera.
