La falta de legislación de la Publicidad Oficial tiene consecuencias graves y desproporcionales al momento de contratar los servicios de los medios de comunicación. Los encargados de las oficinas de prensa de los Estados y Municipios; “los jefes de prensa o directores de comunicación social”, toman partida del presupuesto y lo reparten según los intereses de sus jefes, o intereses personales dejando de lado el trabajo profesional de los medios de comunicación.
La Publicidad Oficial en primer lugar, gozan de estos privilegios los medios digitales, y hablo de las cadenas como Televisa y TV Azteca y toda la publicidad mediática que representan entre este duopolio, cadenas de radio, prensa escrita y revistas –de estas empresas- de diferentes temas. Después vienen los amigos del poder, son los medios de comunicación que tienen cercanía con los Gobernadores, Presidentes Municipales o gente cercana al poder, en pocas palabras, se lleva, de manera impune el conflicto de interés y, no se pueden dejar fuera de este renglón, a los amigos de los “jefes de prensa o directores de comunicación social”, los medios consentidos, solo por el hecho de ser cercanos, amigos de copas o simplemente por favores personales. Es el pan de cada día en las distintas administraciones del país y del estado de México, lo podemos constatar en los municipios del valle de México y valle de Toluca. Así también, existe los medios que están con prestanombres, o que pertenecen a los “jefes de prensa o directores de comunicación social”, o sea, cobran el doble o más.
Con las nuevas dependencias autónomas de Transparencia y las solicitudes ciudadanas a estos organismos se puede comprobar más ampliamente las corruptelas que no se han podido extinguir y los beneficios a unos pocos medios de comunicación. Lo que es una clara violación al principio constitucional de Proporcionalidad, Legalidad y Transparencia; donde autoridades y ciertas compañías periodísticas se benefician y se vuelven mafias que absorben los presupuestos públicos y no se castiga a estas asociaciones ilícitas, o grupos de poder, donde están implicados muchos actores públicos y privados, que atentan contra la libertad de expresión, la democracia nacional y del estado mexicano.
El presidente de la república Enrique Peña Nieto se comprometió a terminar con estas prácticas, legislando en materia de Publicidad Oficial, pero, a un año de terminar su mandato no hay nada claro.
Como dato solo podemos decir que en el Estado de México se gastó en Publicidad Oficial 143 millones 798 mil 175 pesos, esto solo corresponde al año de 2016. Cuando en esta entidad más del cincuenta por ciento de los mexiquenses viven en pobreza. Se tiene que transparentar que, a nivel nacional, se destina más dinero para la imagen de los gobernantes que para educación según datos del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR. Es tiempo de legislar, para evitar estas prácticas de poder y beneficios de unos cuantos, de otra forma hay una censura indirecta hacia los “medios pequeños” que son parte de la estructura social, de la libertad de expresión y “la democracia mexicana”, que últimamente está muy pisoteada.
