Los medios de información, y la nueva ley para los medios de comunicación, que reduce el presupuesto para publicitar a las instituciones públicas y sus políticas, en las distintas instancias de gobierno, ha violentado los principios constitucionales de publicidad, proporcionalidad, legalidad. Violenta la democracia para hacer valer la libre opinión. Si bien es cierto, que los medios de comunicación nacionales, algunos columnistas, televisoras, portales y más personal que están en el medio informativo, se han despachado con la cuchara grande, también es cierto, que a los medios regionales que no gozan de esos privilegios y se ve vulnerada la información e investigación periodística local -por falta de presupuesto-. Los recursos públicos son fundamentales para el desarrollo de la actividad del periodista y la venta de sus espacios. Dichos recursos se deben administrar para sueldos, comidas, pago de gasolina, medicinas y un sinfín de gastos. El Presidente de la República pretende desaparecer los “chayos”, pero dejan sin opción al periodista o editor, y debe buscar opciones de subsistencia. Existe personal del mundo periodístico, principalmente local, que llevan 50 años en el medio y nunca han tenido seguro médico, mucho menos se goza de un seguro de vida, o de otros derechos. Decía José Mujica -expresidente de Uruguay- que la austeridad no siempre es lo mejor, sino es bien manejada puede llevar a actos de corrupción.
No es necesario afectar a todos los medios de comunicación con esta clase de medidas “de austeridad”. Si algún medio informativo o periodista a caído en temas de corrupción, se les debería de sancionar a la empresa o al periodista, y es fácil saberlo por los avances que hay a la ley de transparencia a nivel nacional o a nivel local. Así también, ver el vínculo con el servidor público y la institución con la que se generaron las excesivas cantidades de pago por servicios de publicidad o servicios extras.
Las grandes democracias, como lo es la del vecino del norte, se respeta desde 1791 la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana[1], que es la libertad de expresión, Jhon Stuart Mill, Dworking, Alexander Meiklejohn, Thomas I. Emerson han manifestado que las libertades de opinión son pilares democráticos para el desarrollo ideológico de un pueblo.
Aunque la realidad del periodista regional es otra, es más vulnerable por el tipo de investigaciones que se realizan por la corrupción, principalmente regional que se viven en las comunidades, zonas o municipios que se les rodea, con frecuencia se percibe que al funcionario se le premia más por sus malo actos. Las investigaciones de lo ilegal y su difusión ha cobrado varias vidas y el quebranto de familias.
En concreto la libertad de expresión, opinión, prensa o medios de comunicación no se debe combatir reduciendo el presupuesto, afectando a los más vulnerables, se debería hacer una revisión de las empresas editoras que han abusado de los presupuestos que tanto daño le han hecho a la democracia.
[1] SANCHEZ GONZALEZ, Santiago, La Libertad de Expresión Monografías Jurídicas, Editorial Marcial Pons, Madrid 1992, pág. 13.
